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DESDE LA AVENIDA Juan Ferrer

Los casinos valencianos y la seguridad jurídica

30 de mayo de 2016

La consellería de Hacienda de la Generalitat Valenciana anunció días pasados su propósito de redactar una nueva Ley de Juego. La actualmente vigente data de 1988 y la verdad es que, después de tres décadas transcurridas, se impone un ejercicio de innovación que acabe con rigideces regulatorias y con encorsetaciones que han sido superadas por el transcurrir del tiempo y por los propios avances y mutaciones sociales que afectan a todos los ámbitos de la actividad, entre los que se incluye el juego.

El anuncio difundido por la consellería de Hacienda de estar trabajando en una nueva Ley del Juego no se ha detenido en aspectos concretos de los cambios que se avecinan. Únicamente ha resaltado su voluntad de eliminar un proclamado por boca de la Administración “monopolio” que ejercen las tres empresas adjudicatarias de licencias de casino que operan en las tres provincias: Valencia, Alicante y Castellón.

Honestamente pensamos, y con nosotros nos consta que coincide buena parte del sector del juego valenciano, que no es, ni mucho menos, el asunto de los casinos y sus derechos otorgados para instalar establecimientos en sus respectivas provincias, el tema que concite mayores preocupaciones entre los operadores que ejercen la actividad en la Comunidad. Son otras cuestiones, de mayor calado, de más trascendencia para el funcionamiento de las empresas, las que acaparan la atención y el interés de los distintos subsectores. Porque de su flexibilidad normativa, de su inaplazable puesta al día, dependerá, en definitiva, una marcha económicamente más saludable para sus negocios.
 
Al juego valenciano le preocupa, sobremanera, una fiscalidad abusiva que abrasa la cuenta de resultados al término del ejercicio; la ausencia en sus ofertas de productos capaces de despertar la curiosidad del segmentos de público que contribuyan a renovar la demanda; que se agilice el peso de una burocracia administrativa que lastra como una losa la marcha de sus empresas. Al juego valenciano le quita el sueño el conjunto de ataduras regulativas y fiscales que le impiden navegar con un mínimo de viento a favor.
 
Los casinos valencianos han cumplido sus obligaciones rigurosamente respetando ls cláusulas reglamentarias. Han adquirido unos derechos y obligaciones. Han invertido y creado empleo. Tratar de modificar de un plumazo el contenido de una Ley crea inquietud empresarial, indefensión e inseguridad jurídica. Y conviene no olvidar que en una economía de libre mercado la seguridad jurídica es un arma de importancia capital. Quebrarla fomenta múltiples incertidumbres.
 
 
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