Considero que ni es lícito, ni justo ni razonable que un empresario que obtuvo una licencia para explotar un local de juegos no pueda renovarla en la ubicación que en su día le fue otorgada porque la administración cambió la ley. Pienso que en éstos casos existe un pisoteo flagrante de derechos adquiridos, una quiebra de la seguridad jurídica imprescindible en una democracia que se precie de serlo, y se produce por tanto un atropello político en toda regla.
No son pocos los empresarios del sector abocados a las circunstancias descritas. Los gobiernos autonómicos, que compiten entre sí para ver cual pone más cortapisas al juego, están marcando distancias entre éstos locales y los centros docentes. Y la medida implica el traslado o la desaparición de muchos de ellos.
¿ Quién resarce al empresario de la inversión realizada, de las reformas y mejoras acometidas y como se financia el acondicionamiento y dotación del nuevo local ? ¿ Y quién garantiza que en el nuevo emplazamiento tendrá la clientela de que dispuso con anterioridad ?
Es evidente que se han producido unos daños patrimoniales, que se ha abortado la viabilidad de un negocio, que se ha frenado la proyección de una empresa. ¿ Y todo ello en base a que criterios o datos fiables ? ¿ Cual fue el grado de adicción registrado en el centro docente próximo al salón ? ¿ Como fue detectado y que servicio lo evaluó ?
Son preguntas sin respuesta que certifican un atropello injustificado más contra el sector. Que debería agotar todas las vías legales en defensa de unos derechos vulnerados. Que suelen ignorarse en países de regímenes totalitarios.
