Son varias las administraciones autonómicas que de cara a 2017 no tocarán la fiscalidad del juego. Este hecho denota sentido de la realidad imperante, puro realismo. Las haciendas públicas son conscientes de que por el camino tributario que transitaban estaban condenadas a reducir sus ingresos. Llevan años pagando la factura del clarísimo exceso fiscal al que han sometido al juego. Menguan cada ejercicio que pasa las cantidades abonadas por los distintos subsectores. Y únicamente en los territorios donde el dogal se aflojó la capacidad recaudatoria aumenta. El panorama es así de sencillo y por tanto fácil de remediar si se apela al pragmatismo.
Las haciendas autonómicas están económicamente tiesas en la mayoría de los casos. Años de descontrol y despilfarro han traído las penurias actuales, los recortes y el pisar suelo. Por ello el juego es consciente de que aspirar a una revisión en las circunstancias presentes resulta harto complicado. Si bien no piensa abdicar de su espíritu reivindicativo en éste punto dado que en ello le va la subsistencia.
Que las autonomías exhiben en sus cuentas números rojos y no saben que hacer o recortar para cuadrar sus cuentas es algo sabido. Los virreinatos territoriales han tirado con pólvora de reyes o sultanes y así les ha ido. Ahora estamos en época de rebajas. Los múltiples problemas de financiación que arrastran no les puede nublar la vista ni perder la orientación. Con el juego se impone recuperar la sensatez fiscal. Revisar a fondo unas cargas inasumibles por el sector. El juego soporta una tributación desproporcionada y asfixiante que impide el normal desenvolvimiento de sus negocios.
El consejero de Hacienda de Castilla La Mancha no se andó con chiquitas cuando dijo: “Cuanto más ganen los casinos más recaudaremos nosotros”. Pero partía de un fundamento para manifestarse de éste modo. La Junta de la que forma parte decidió en su día aplicar a los casinos una fiscalidad razonable, que deja margen para que el empresario maniobre y pueda hacer caja. Esta postura sensata es la que debe cundir como norma general en las comunidades. De lo contrario sus haciendas recibirán del juego las migajas derivadas de su afán por expoliar al sector.
