Un día el diputado autonómico del PSOE Aragón y secretario de organización, Darío Villagrasa, comparece ante los medios informativos y muestra su satisfacción por haber cumplido con el compromiso de llevar al parlamento varias leyes entre ellas la del Juego.
La reacción a éste anuncio corre a cargo de los Empresarios de Salones de Aragón ( AESA ), que asocia a más de cien salones y máquinas recreativas de las tres provincias y cuyo presidente, José Antonio Rubio, promueve un encuentro con la asociación que agrupa a mil trescientos locales de hostelería, en los que trabajan cinco mil personas, para abordar las repercusiones de una ley que, de aprobarse, puede comprometer muy seriamente el futuro de muchas empresas de salones y bares con la consiguiente pérdida de empleos.
Son las dos caras de un asunto visto con ópticas diametralmente opuestas. Mientras la política expresa su complacencia por haber sido fiel a su promesa de elaborar una ley la empresarial opina todo lo contrario y denuncia que el contenido del texto que ha entrado en trámite parlamentario pone en riesgo la viabilidad de numerosos negocios y puestos de trabajo.
Cuando se produce un contraste tan dispar al enfocar un tema de tanta trascendencia todo indica que algo no ha funcionado. Que las partes implicadas no han hablado o si lo han hecho no se han entendido en nada. Y pienso que el tema, debido a sus repercusiones económicas y sociales, merece ser reconsiderado por las partes implicadas: agrupaciones políticas y asociaciones empresariales. Todo antes de dar el visto bueno a un texto que a criterio del sector aboca al desastre económico y laboral a muchas empresas. Por tan poderosa razón hay que agotar las vías del diálogo hasta el último instante.
