La senadora por Cantabria, Elena Castillo, en una moción para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, afeó al gobierno que destina más de 100 millones de euros en publicidad institucional vinculada al juego público y no se ocupa a fondo mediante la elaboración de presupuestos y medidas vinculantes destinados a combatir éste tipo de adicciones. Subrayó la senadora que la Estrategia de Juego Seguro impulsada por el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2021 aún no protege a nadie y lleva camino de convertirse en un documento vacío.
Resulta extremadamente reiterativo tener que insistir sobre éste tema. La realidad es que el ejecutivo no pierde oportunidad alguna cuando se trata de demonizar al juego privado. En la etapa ministerial del inefable y afortunadamente olvidado Alberto Garzón los ataques y descalificaciones hacia el sector eran constantes. Lo suyo era desacreditar a la industria y hacerla blanco apropiado de sus políticas sectarias. El actual titular del departamento, Pablo Bustinduy, no tiene el perfil vocinglero y faltón de su antecesor pero su postura es coincidente con la de aquél tipo en cuanto a la catalogación del juego privado como actividad que debe ser combatida y denostada. En ése capítulo los estigmas se mantienen.
La doble moral del gobierno Frankestein, que se extiende y asume por los partidos de izquierda y de su extrema, es asquerosa en lo que al juego respecta. No hay empacho alguno llegado el momento de hinchar al máximo el globo publicitario para que la ciudadanía apueste a los múltiples productos que comercializa SELAE, cuya oferta aumenta sin dejar fecha vacante a lo largo de la semana. En ése sentido vía libre y mensajes de promoción en todos los medios. Aquí no caben posibles adicciones, ni peligros ni leches. Aquí todo es candor, sueños millonarios y una pasarela de alegrías. Para fomentar el vicio, los enganches, las ruinas familiares y otras infamias están los otros. Los de los empresarios que arriesgan, se preocupan por plantarse ante los clientes indeseados y ponen a contribución todos los medios posibles para que el sector venda un tiempo de ocio seguro y responsable. Eso no cuenta, ni afecta a la doble moral de unos agentes políticos manipuladores, cínicos e incompetentes. Por sus hechos los conocemos. Y muy a fondo además.
