Todo el mundo denuncia la parsimonia de la administración de justicia a la hora de resolver sus expedientes pero no se pasa de ahí. Nos quedamos en la queja y asumimos con absoluta resignación un sistema de funcionamiento que si por algo se distingue es por su anquilosamiento, por su carencia de agilidad. Hacen gracia los políticos, sobre todo los que mandan en el boletín oficial del estado, cuando admiten que en España la justicia es lenta pero segura. Ya sería el colmo que existieran reticencias sobre su exigible equidad. De suscitarse éstas dudas seria para hacer la maleta y emigrar.
Al hilo de un tema tan socorrido hay que aceptar, de buen o mal grado, que el Gran Casino Teatro Balear lleve tres años metido en pleitos para abrir sus instalaciones. Que cuentan con la licencia del gobierno autonómico y la oposición del ayuntamiento de Palma. Todo un culebrón con oscuras maniobras municipales como telón de fondo.
Lo que indigna de éste caso, uno de tantos, es que al preguntar que se sabe sobre la sentencia del contencioso planteado por el casino frente a la negativa de apertura municipal te informan que quizás estemos en puertas de un fallo. Porque, indican fuentes solventes, “los expedientes que entran en dicho juzgado tardan alrededor de tres años en sustanciarse y ya toca”
Lo tremendo de éste relato es conferir carta de naturaleza a la parálisis de la administración de justicia. Al trote de paquidermo que la distingue. A la pasividad de unos juzgados tan faltos de agilidad y capacidad resolutiva como prestos a la filtración y a la condena anticipada sin sentencia. Que país, madre mía. Para salir corriendo si te metes en berenjenales justicieros.
