El Consejo Vasco de Juego se reunió para hacer balance de las actuaciones llevadas a cabo en materia de control y vigilancia e informar sobre las acciones previstas para el año en curso.
La Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza realizo durante 2022 más de 6.000 inspecciones en locales del territorio con objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente y, en especial, garantizar que se respetan los controles de acceso a dichos establecimientos. El balance final arroja un total de 35 expedientes sancionadores sobre cuyas incidencias no se aportaron datos.
Empiezo por decir, para dejar las cosas claras, que lo ideal hubiera sido registrar cero expedientes. Pero en la vida cotidiana nada es idílico y los problemas existen y hay que atajarlos en la medida de lo posible. Sin embargo los hechos constatados en el País Vasco, como en la inmensa mayoría de comunidades, desmontan la teoría tan machaconamente divulgada de las presuntas irrregularidades que se dan en el juego privado. Más de 6.000 visitas muy pormenorizadas para detectar incumplimientos de las normes vigentes que se saldan con un porcentaje de 35 casos a penalizar son un síntoma incontestable de que el juego funciona con absoluta responsabilidad. Que los empresarios del sector se afanan cada vez con mayor ahínco y mejores medios para que la normalidad sea la nota imperante. Que la predisposición empresarial para hacer de su oferta un ejercicio seguro y saludable es absoluta.
Lo que sucede es que hechos de ésta naturaleza, que ponen en cuestión la reiterada demonización del juego, ni se divulgan ni se resaltan desde su lado positivo. Si acaso se utilizan torticeramente los 35 casos de marras para magnificar, una vez más, los graves problemas derivados de las adicciones. Que nada tienen que ver con la voluntad empresarial de atajarlas en la medida que pueden. Y a la que contribuyen con todos los medios a su alcance. Pero de esto, mire usted, nadie habla para nada ni en Euskadi ni en ningún sitio.
