En los seis primeros meses del año en curso en Cantabria se han realizado 2.053 inspecciones en locales de juegos, o sea un promedio de diez diarias. Se han revisado 3.481 máquinas de juego y apuestas y se han incrementado en 14 nuevos agentes los servicios de inspección.
Son datos, cuanto menos alarmantes. Que en un territorio como Cantabria se divulge la información de llevar a cabo diez inspecciones diarias a salas de juego hace saltar la duda: ¿ Tan mal están las cosas en éstos locales, tan necesitados andan de control, tantísima falta hacen las visitas de la policía ? Son interrogantes que pueden surgirle a cualquier profano en la materia si nos atenemos a las espectaculares comparecencias de los efectivos policiales en los establecimientos del sector. Que dan a entender lo que quizás, y estoy seguro de que es así, no es: que las irregularidades son la nota predominante cuando uno entra en éstas salas.
No nos cansamos de repetirlo: el sector es el primer interesado en extremar las medidas de responsabilidad en sus locales. Y está empeñado en presentar las mayores garantías en cuanto al acceso y criba de las personas que acceden a sus salas. La prueba la encontramos en las escasísimas incidencias que arrojan los partes de inspección. Por todo ello un despliegue de la magnitud del que se viene realizando en Cantabria en materia de fiscalización y control nos parece absolutamente desmesurada y por descontado que contraproducente para los intereses empresariales. Las inspecciones a “tutti plendi” son una manera como otra cualquiera de sembrar alarmas y anticipar peligros que luego no son tales. Procedimientos de la política, tan rastrera ella.
