La industria del juego está harta y cansada de que la extrema izquierda política, y también la otra más templada, descalifiquen y traten de poner minas en los reglamentos del sector para estrangularlo a base de especulaciones, dogmatismo ideológico y viejos clichés. Porque lo triste de ésta ofensiva, que se viene prolongando desde hace tiempo más de lo debido, es que carece de datos rigurosos, de estudios o análisis fiables que amparen las campañas de descrédito contra el juego privado promovidas por los radicales y populistas con nombres y apellidos y sus correas de transmisión, que son las que salen llegado el caso para calentar la calle y poner su diana en los locales del sector.
No se puede atacar como se está haciendo al juego desde una óptica tan distorsionada como la que se está empleando para impedir su normal desenvolvimiento. La verdad es que subleva y mucho que a la hora de juzgar y actuar no se tengan en cuenta los resultados de las inspecciones policiales en los establecimientos del sector que arrojan escasas incidencias, sobre todo respecto a los colectivos más vulnerables. Y que a la hora de diseñar acciones atentatorias contra los intereses del sector se obvien deliberadamente investigaciones y datos que invalidan las teorías alarmistas, que son objeto de meditada manipulación, sobre los efectos que las adicciones causan en la población.
Es triste, e indignante al propio tiempo, que la especulación se imponga a la realidad reflejada en datos e informes. Es lo que está sucediendo con el juego privado que se contempla, desde el ámbito político, desde una óptica deformada a capricho de quienes tienen como objetivo demonizarlo. Y para obtener su propósito se ciscan en todo lo demás.
