Carlos Hernández, director general de Ordenación del Juego, suele regalarnos algunas perlas verbales. En el encuentro anual de FEMARA dijo que el sector del juego está cautivo del exceso de regulación. Y ante los cambios que se avecinan declaró que debe existir un máximo de libertad empresarial para afrontarlos.
Las manifestaciones de Hernández responden a una realidad sobradamente conocida. Que la mayoría de reguladores admiten y algunos reconocen públicamente mientras otros callan. Y no hay que darle más vueltas al asunto: o el juego privado se desprende de ligaduras, no pocas caducadas; de controles que lo tienen maniatado y sin capacidad para trazar un itinerario comercial o está abocado al adelgazamiento progresivo. En forma de frenazo a la actividad, clausura de empresas y pérdidas de puestos de trabajo directos e indirectos.
Existe una constatación unánime: resulta imprescindible redefinir a la baja y con criterios diferentes la fiscalidad del juego. Es un tema de importancia extrema pero no la solución final del problema. Y ésta pasa de manera inexorable por abrir puertas y ventanas por las que entre un aire nuevo que permita al empresario ejercer como tal. Se impone impregnar las normativas de medidas liberalizadoras que dejen al empresario gestionar, que es lo suyo; orientar la marcha del negocio en base a ensanchar su capacidad de maniobra; diseñar acciones para tratar de elevar su cuota de mercado. Permitir, en definitiva, que el empresario deje de ser un mero apéndice de la Administración en su simple papel de recaudador asociado y pueda pensar por sí mismo mediante la aportación de ideas y canalización de iniciativas.
Bingos, casinos, salones y los propios locales de hostelería reclaman sin dilaciones que los operadores gocen de mayores niveles de autonomía para extraer de sus negocios la rentabilidad precisa para continuar subsistiendo y generar los beneficios necesarios. No es cuestión de que las Administraciones abdiquen de su tutela del juego porque semejante pretensión no es posible. Pero sí de que sean conscientes de que hay que despojar de mucha hojarasca los reglamentos; que flexibilizar disposiciones significa facilitar las cosas: que las normas liberalizadoras, preservando por descontado los derechos de los usuarios, conseguirán ser beneficiosas para todos: Administraciones y operadores.
¿Ejercen los empresarios del juego su papel como tales? Por descontado que no en la plena aceptación de la palabra. Será así cuando unos reglamentos libres de encorsetamientos, trabas y letras pequeñas asfixiantes lo permitan. Hasta entonces seguirán siendo empresarios a medias. Y en ocasiones ni eso.
