Por mucho que los interesados se empeñen en negarlo el juego privado nunca ha sido bien visto desde la perspectiva política. Ese desapego hacia la actividad, no disimulado en muchos casos, se ha visto reflejado en el tratamiento administrativo. Desde que las competencias fueron transferidas la regulación del juego ha sido ejercida por direcciones generales cuya principal función era otra llamada tributos, interior, presidencia o diferentes enunciados siendo el juego un apéndice de los mismos. Es decir que el juego, a pesar de los altos ingresos económicos que genera a las haciendas públicas, no ha pasado de ser un complemento de los gobiernos de turno alejado deliberadamente del primer plano de la administración. Y el que no lo quiera ver así es muy libre de contemplar el asunto desde otra óptica. La mía es la que es y no me apeo de ella.
En el marco de ésa voluntad política de conferirle al juego un rango de tercer escalón dentro de los organigramas de gobierno no deja de llamar la atención la adscripción de la actividad a departamentos que no sólo no guardan la menor relación entre sí, es que en apariencia son diametralmente opuestos.
Parece cosa de chiste el englobar el juego en direcciones que se ocupan de la agricultura o el medio ambiente. O de la energía y la simplificación administrativa. O con los servicios de emergencia y administración local. Son algunos ejemplos, a los que podrían añadirse más, de una deliberada predisposición de la mayoría de gobiernos por meter el juego dentro de un saco heteróclito en el que aparezca lo más discreto posible.
Conviene no engañarse y pisar el suelo de la realidad. El político, por mucho que en el cara a cara con los empresarios se muestre diplomático y receptivo, a la hora de actuar se tienta la ropa y no es amigo de comprometerse en exceso. Que sea un apéndice de las administraciones lo relacionado con el juego denota a las claras que los gobiernos no están nada interesados en su proyección pública. Es obvio que apuestan por la media luz. Y gracias.
