Son muchas, demasiadas, las incertidumbres que rodean el retorno del juego privado a una actividad normalizada, que no lo será hasta tanto se mantengan las medidas de prevención decretadas por la pandemia del COVID-19.
Frente el cúmulo de incertidumbres que planean sobre el día después del bingo, o sea la reapertura de las salas, sobre las que por ahora ni se apuntan medidas ni existen concreciones de ningún tipo, las patronales CEJ y FEJBA con el apoyo inestimable de UGT, se han dirigido a las administraciones autonómicas en demanda de auxilio. Sí, de auxilio porque de no mediar éste en forma de disposiciones destinadas a la salvaguarda de las empresas muchas de ellas entrarán en estado de colapso económico con la consiguiente destrucción de empleo.
Si anticipamos que las salas verán restringidas sus asistencias de público por imperativo legal. Si hay que contar de antemano con un retraimiento de clientes por causas meramente preventivas o económicas. Si resulta que un porcentaje elevado de las personas que frecuentan el bingo están en la franja de edad más castigada por la pandemia el panorama de negocio que se vislumbra, al menos desde la reapertura hasta finalizar el año 2020, es para asustar al más optimista. Y como colofón de semejante cuadro está el hecho de ser el sector más castigado por la fiscalidad y el que más alarmantemente ha ido decayendo en los últimos años.
Es por tanto más que sensata la petición formulada por CEJ y FEJBA con UGT de que durante lo que queda de ejercicio se disponga que el 50% de las tasas sean devueltas en premios para tratar de incentivar la actividad. Una propuesta razonable y realista que lo único que pretende es salvar de la ruina a un puñado de empresas y cientos de empleados. No se está solicitando ningún imposible, no se está haciendo ningún planteamiento desmesurado que no sea asumible por los gobiernos autonómicos. Se está recabando auxilio para un sector que de no contar con ayudas de ésta naturaleza va directo, en una parte muy considerable, al precipicio económico. Los reguladores autonómicos deben ser los más preocupados para que éste hecho funesto no se materialice. Y su intervención y su sentido de la realidad son determinantes en las actuales circunstancias.
