Un editorial de SECTOR apelaba a la sensatez llegado el momento de bendecir el proyecto de Ley de Juego de la Comunidad Valenciana. Las impresiones que están trascendiendo indican que, probablemente, los salones actualmente en funcionamiento no se verán afectados por las distancias respecto a los centros educativos o entre sí que figuran en la nueva normativa. En caso contrario se perpetraría una auténtica barbaridad, un verdadero atraco no admisible en una democracia y en una economía de libre mercado. Y que tendría su repercusión muy negativa en cierres de negocios y pérdidas de puestos de trabajo.
En los últimos tiempos la política española se mueve al dictado de impulsos demagógicos, de decisiones de carácter populistas en muchos casos arbitrarias y carentes de fuste. Por desgracias estamos en manos de una clase política que, en la mayoría de sus intérpretes, no es ni de segunda división. Un clase política de gestos más que de actuaciones avaladas por el análisis y el discernimiento. Por ello hay que celebrar que de vez en cuando se abra una rendija para que entre por la misma el buen juicio, que en tantas ocasiones se echa de menos. Celebraríamos infinito que en el caso de la ley de juego valenciana así fuera.
