El juego valenciano dice que la Administración no ha mostrado voluntad de diálogo con el sector. Y ante la próxima aprobación del proyecto de Ley del Juego los representantes del empresariado piden establecer el diálogo, quieren que se les escuche, demandan ser atendidos por la clase política.
La pregunta que surge es la siguiente: ¿Con que interlocutores se aspira a reunirse y negociar? Porque la realidad existente, en el caso concreto de la Comunidad Valenciana y en la mayoría de territorios, es que la industria del juego, económica y socialmente potente y que genera ingresos millonarios a la hacienda pública, en sus contactos con la Administración a duras penas ha conseguido superar, en contadas ocasiones, el escalón que lleva al director general de turno. El consejero y máximo responsable de la actividad ha estado siempre a una distancia sideral de los empresarios.
Estamos hartos de comprobar como empresarios de sectores con menor peso que el juego se codean asiduamente con los miembros más destacados del gobierno y los portavoces de los partidos políticos. Y las gentes del sector, con sus complejos a cuestas, no están habitualmente en éstas esferas. ¿Diálogo?, por descontado que es imprescindible, y ahora mismo acuciante. Pero al más alto nivel, tanto con el gobierno como con los partidos. Porque la extrema gravedad de la situación así lo reclama, porque de no abortarse aspectos claves del proyecto las consecuencias serán gravísimas, porque está en juego el futuro del sector. Será preciso tocar a puertas, repetir llamadas, recabar intermediaciones e influencias pero resulta imprescindible llegar a la cabeza. Del gobierno y de los principales grupos políticos implicados. De lo contrario, dialogar, ¿para qué…?.
