Lo del tratamiento que algunos gobiernos autonómicos dispensan a la industria del juego es de juzgado de guardia. Por escandaloso y por la voluntad que denotan determinadas actitudes de que se va, literalmente, a por el sector. Al socavamiento de los pilares económicos sobre lo que se asienta, al adoptar a sabiendas medidas lesivas para su normal desenvolvimiento.
La Junta de Castilla y León niega al juego la posibilidad de reanudar la actividad en la tercera fase del Covid-19. Y lo hace con desprecio manifiesto hacia sus empresarios, sin rebajarse a mantener una interlocución con ellos. Y para más inri no se aviene a ningún tipo de concesión en cuanto aplazamientos o bonificación de las tasas de máquinas.
Y Baleares, en otro alarde de ensañamiento con el juego, se mantiene en sus trece de que los locales sólo admitan el 30 por ciento de su aforo, con lo que los bingos se ven incapacitados para poder abrir.
Son unas medidas gubernativas de escándalo, desprovistas de todo sentido objetivo y alentadas por prejuicios, por una ojeriza política desmedida, que va en aumento y que, de continuar por los derroteros actuales, amenaza y muy seriamente el futuro “normalizado” del sector. Un sector que va de escándalo en escándalo por culpa de una clase política de muy baja catalogación. Que suspende en cada examen.
