Del Consejo de Políticas del Juego no han salido, desde su creación, muchas decisiones en materia de efectividad real para el conjunto de las 17 Comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla que forman parte del mismo. Reuniones han habido bastantes a lo largo de los años pero sus conclusiones han tenido, en la mayoría de los casos, más de pirotécnica verbal y de propósitos que se quedaron en nada que de medidas tangibles y operativas en la práctica sectorial.
Ahora bajo la batuta del ministro Garzón parece que se ha adoptado un acuerdo en materia de registro de prohibidos para establecer un sistema de protección óptimo. Ya veremos en que queda ésta medida cuya paternidad se la han adjudicado varias entidades.
Bienvenida sea la posibilidad de reforzar el control de prohibidos de forma conjunta. Pero habría que compartir otras formas regulatorias entre todas las CCAA, que marcan inexplicables desequilibrios entre territorios y que no resultan esenciales. Desde que se asumieron las competencias se viene hablando de armonizar, de fijar directrices comunes en aspectos básicos. Todo bajo la óptica de eliminar agravios comparativos de una región con la de al lado. Buenos propósitos y cero resultados. ¿ Seguiremos igual más allá de los prohibidos…?
