Por mimetismo la mayoría de gobiernos autonómicos están jugando un campeonato político para ver cuál de ellos endurece más las medidas que regulan el juego privado. Aquí caben pocos distingos y la nota predominante no es otra que mostrarse cada vez más restrictivos. No importa que no existan datos alarmantes para justificar determinadas actuaciones. Ni que los controles policiales resulten fallidos en cuanto a la detección de graves anomalías. Ni que estudios fiables dan cuenta que España está en la cola europea de los problemas derivados del juego patológico. Nada de esto sirve porque aquí lo que prima ahora mismo es poner cerco al juego, apretar el dogal de la asfixia.
La última pista de una situación que viene siendo repetitiva nos llega del País Vasco, donde anuncian más dureza con las normativas del juego. Esto es algo que ya no extraña pues entra dentro de la tónica imperante que se acepta, no queda otra, con tanta rabia como impotencia.
El panorama se agudiza y no parece que tienda al decrecimiento. Y en vista del mismo hay patronales que llevan tiempo recurriendo a la contratación de despachos de información y publicidad, presuntamente especializados, o lobbys de presión. Su misión: dar imagen, mostrar la cara real del juego, tratar de influir en su tratamiento político. Estas acciones demandan de tiempo y son difíciles de medir. Pero por el momento mejoría ninguna. Y el futuro cercano de un negro subido.
