Lo de Baleares en términos políticos es delirante. Por las noticias que se generan que indican hasta que extremo la gobernabilidad de las islas está en manos manifiestamente incompetentes que se mueven al dictado de su ideología. La izquierda socialista, cada día en mayor fase de radicalización, junto al populismo extremo suelen agitarse en un coctel explosivo del que surgen una retahíla de arbitrariedades que serían para tomarse a chacota de no ser por los estropicios que ocasionan.
Baleares, desde la perspectiva de la dirigencia autonómica, es un modelo de desafuero, de insensatez política y de vulneración de derechos.
En lo tocante al palo del juego lo de Baleares es de película de terror. No se ha hecho nada para evolucionar sectorialmente, nada para facilitar el desarrollo de las empresas, nada para fomentar el trabajo. El objetivo prioritario, y casi único, no ha sido otro que restringir, hacer la vida imposible a los empresarios y ejercer una función desactivadora de manera sistemática. Todo puesto al servicio de la gradual eliminación de locales de juego.
Ahora se ha presentado el anteproyecto para modificar la Ley de Juego. Una medida que se adopta tras nueve años sin publicar memoria alguna sobre el sector, sus cuadros descriptivos, su realidad económica, sus avatares e incidencias. Sin existir base memorística sobre la que asentar un conjunto de decisiones políticas para analizar si procede el cambio de una Ley en la que lo más sobresaliente es que no se concederán más licencias de juego en las próximas décadas.
En esto, como en otros apartados de la vida pública, el gobierno de Baleares sienta cátedra en cuento a sectarismo, vulneración de derechos, desprecio a la economía de libre mercado y ceguera ideológica. Y sus miembros se retratan como lo que son: una panda de necios que en vez de gobernar debían de estar en la cola del paro.
