La Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana ha publicado las estadísticas del juego correspondientes al primer mes del año en curso. Y los datos son para echarse a temblar. Los ingresos procedentes del bingo descienden un 11% respecto al año 2022. El retroceso es más que considerable y no invita precisamente al optimismo. Pero si nos atenemos a las recaudaciones de las máquinas tipo B y C nos vamos a un descenso del 40% lo que representa un auténtico cataclismo económico que, de seguir con ésta tendencia a lo largo del ejercicio, pondrá en riesgo de subsistencia a operadoras, empleos y establecimientos de hostelería.
Por descontado que es prematuro establecer conclusiones por los resultados derivados de una mensualidad. No obstante la contundencia de los datos es lo suficientemente alarmante para no albergar excesivas ilusiones de que pueda producirse un cambio drástico en éste sentido. La realidad indica con claridad que el sector no se ha recuperado económicamente tras la pandemia y que los indicadores siguen marcando un retroceso en las explotaciones. Un exponente de ésta regresión se refleja en las bajas del parque de máquinas y en la escasa actividad de muchas de las instaladas en hostelería.
Una situación como la descrita, que es extrapolable a otros territorios, invita a la reflexión. Y la que primero tendría que hacerlo es la administración de la Generalitat Valenciana. El sector está sometido a una presión fiscal inasumible, imposible de soportar sobre todo cuando las economías familiares se resienten y las cantidades destinadas al ocio se contraen de manera drástica. Llegados a éste punto sería cuestión de plantear una revisión tributaria que tuviera en cuenta una serie de factores. Entre ellos los de preservar del cese del negocio a no pocas pequeñas empresas y su censo de trabajadores.
