Andalucía es el territorio autonómico con mayor número de salones a escala nacional. Cuando en la edición impresa de SECTOR DEL JUEGO hicimos una radiografía del sector no pudimos obtener el número exacto de los establecimientos de ésta tipología que funcionan en la Comunidad. Que son alrededor de 1.000 y están explotados por cerca de 300 empresas lo que indica que existe un alto nivel de concentración en lo que respecta a la propiedad de los mismos.
El exceso de la oferta de salones en Andalucía es una constante desde hace años y así se ha venido poniendo de manifiesto por parte de los propios empresarios del sector. Hay provincias saturadas que han pedido una racionalización del cupo establecido para contribuir así a un funcionamiento normalizado del negocio. En una economía de libre mercado como es la nuestra el tema no está exento de dificultades dimanadas de la legalidad existente que son las administraciones las llamadas a resolver.
Recientemente publicamos en nuestras páginas una entrevista con Araceli García, presidenta de ANDESA, en las que declaraba que «hace tiempo que venimos solicitando un estudio en profundidad, por provincias y analizando los niveles de la demanda para proceder con posterioridad y con conocimiento de causa a una planificación del subsector.»
Son palabras apoyadas en la sensatez, en el conocimiento del problema y en la predisposición para que, llegado el caso, se pongan sobre la mesa posibles soluciones en base a la realidad de los hechos contrastados y de la necesidad de fortalecer al subsector liberándolo de situaciones que ponen en evidencia su normal desarrollo.
Tras una época de fortísimo crecimiento del salón en Andalucía se pasó a una fase de contención en la que incluso se registró un ligero descenso del número de salones abiertos en el territorio. No obstante, y de ahí a la apelación hecha por Araceli García, que domina el tema y sabe de primera mano como está la situación, que lo razonable sería realizar un estudio riguroso del panorama existente en la actualidad y actuar en consecuencia evitando que no se produzca en adelante un problema de dimensiones graves por causa de una saturación sobrepasada. En éste punto es la Administración de la Junta la llamada a decidir Y, en su caso, actuar. Por supuesto que con mucho tiento y con total respeto hacia los derechos adquiridos. Otra cosa son los que están por venir.
