La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico inició hoy la fase de fiscalización de las máquinas de juegos de azar en ruta, conocidas comúnmente como tragamonedas, tras completar exitosamente la etapa de licenciamiento. En esta fase, se han autorizado más de 2,700 negocios y aproximadamente 15,000 máquinas que cumplen con las regulaciones establecidas, marcando un avance importante hacia la formalización y legalización de esta industria bajo la Ley 112-2024.
El director ejecutivo de la Comisión, Juan Carlos Santaella Marchán, expresó: “El proceso de licenciamiento ha sido exitoso. En esta primera etapa, la respuesta de los operadores ha sido contundente, permitiéndonos autorizar la cantidad de negocios y operadores que, dentro de los parámetros de la ley, son viables. Ahora, con la fiscalización activa, reafirmamos nuestro compromiso con una industria segura, regulada y transparente que genera ingresos para el beneficio colectivo”.
La fiscalización será llevada a cabo por la Oficina de Investigación y Regulación de la Comisión, en colaboración con la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda y otras agencias. Las infracciones por operar máquinas no autorizadas pueden conllevar multas de entre $5,000 y $10,000 por máquina, las cuales serán impuestas directamente a los propietarios de los negocios.
Santaella Marchán enfatizó la importancia de que los dueños de negocios verifiquen que contratan operadores mayoristas certificados por la Comisión. Además, toda máquina debe contar con su marbete y comprobante vigente. Este proceso busca garantizar el cumplimiento normativo y evitar sanciones significativas.
La Ley de Máquinas de Juegos de Azar autoriza un máximo de 25,000 máquinas en ruta en todo Puerto Rico, con un límite de 15 máquinas por negocio, siempre que estas operen como actividad complementaria y no principal. Los negocios interesados en operar legalmente deben consultar la lista oficial de operadores mayoristas certificados, disponible en el portal www.comjuegos.pr.gov.
En términos de distribución de los ingresos generados por esta industria, el 22.5% de los recaudos se destinan a programas públicos. De esta cantidad, el 55% se asigna al Fideicomiso para el Retiro de la Policía, el 40% a los municipios y el 5% a la Comisión de Juegos para financiar el proceso de fiscalización.
Santaella Marchán destacó que “la implementación de esta ley no solo impulsa el ordenamiento de una industria históricamente informal, sino que también canaliza fondos para el retiro de nuestros policías y el desarrollo de los municipios. Esto representa una victoria en términos de política pública y justicia contributiva”.
La Comisión de Juegos es la entidad responsable de regular y fiscalizar las industrias de juegos de azar, apuestas deportivas, deporte hípico y máquinas en ruta en Puerto Rico, conforme a lo establecido en la Ley 81-2019, enmendada.
