El Ayuntamiento de Madrid ha intensificado con un cincuenta por ciento las inspecciones a los locales de juego. Estas acciones se insertan dentro de un plan para luchar contra la ludopatía al que se han destinado 37 millones de euros que no es cifra baladía. El municipio, que no tiene competencias en materia de juego, se suma así a la corriente antijuego que viene propagándose en los últimos tiempos de una campaña perfectamente orquestada por aquéllos que le han declarado la guerra al sector y que están perfectamente identificados.
Me parece estupendo, encomiable y todo lo que quieran que sean frecuentes las visitas de las autoridades, competentes en la materia o menos, a los establecimientos de juego. Lo mismo que me parecería fenomenal que el resultado de éstas inspecciones se divulgara de manera extensiva dando cuenta de que, en el noventa y cinco por ciento de los casos no se registran incidentes de gravedad o de ningún tipo, que es lo que suele suceder.
Lo que sucede, sin embargo, es todo lo contrario. Se anuncian a bombo y platillo las visitas policiales, dando a entender que se impone llevarlas a cabo por presumibles irregularidades, que luego no son tales, y se silencia absolutamente el balance de las mismas por el hecho de no ajustarse al guión que hay previamente escrito sobre el juego, su perniciosidad, la tentación para los menores y los tópicos de siempre. Lo dicho: bienvenidas sean las inspecciones pero hablemos claro, digamos la verdad que se desprende de ellas. Callar es un acto de mala fé. De los tantos que abundan cuando se aborda el juego y su realidad.
