La seguridad jurídica, la confianza en las instituciones de un país es la piedra angular de la democracia. Cuando éstos conceptos se quiebran saltan las alarmas, las libertades quedan coartadas, se siembra el miedo y la inseguridad ante la acción política abre una vía de agua que frena el desarrollo empresarial, la generación de riqueza y empleo.
Con las normas aprobadas por autonomías ya en fase operativa y por otras del mismo cariz que están en puertas prohibiendo la instalación de salas de juegos a ciertas distancias de centros docentes se comete un acto flagrante de inseguridad jurídica. De acuerdo en que ésta disposición afecte a las licencias de nuevo otorgamiento. Pero no es admisible que a la hora de renovar la licencia no pueda seguir en el domicilio para el que fue autorizada y se vea abocado al traslado, con lo que ello representa de nueva inversión, pérdida de clientela, vuelta a empezar y riesgo de no funcionamiento.
Esta es a la situación lamentable, injusta, que juega a capricho con los intereses de las empresas, la mayoría pequeñas y medianas, y a las que se les dispensa un trato de inseguridad jurídica intolerable y denunciable. Lo que no acierto a predecir es si una medida de ésta naturaleza, que puede abocar a la ruina económica a salones y empleados, o al abandono de la actividad, se habría adoptado con tanta presteza y dureza de tratarse de otro sector que no fuera el juego privado. Tengo serias dudas sobre el particular. Lo que hace doblemente bochornoso el asunto.
