En Castilla y León no pintan las cosas bien para el juego. Se ha producido con el último cambio de gobierno en coalición un evidente retroceso. Un viraje extraño máxime cuando hablamos de una de las Comunidades que hizo bandera del juego y asumió la organización de un Congreso que de momento lleva dieciséis ediciones. Las reacciones del gobierno con motivo de la pandemia han demostrado una cara absolutamente insolidaria con el sector y manifiestamente desconsiderada. Algo inconcebible en etapas anteriores y con un nombre en primera línea de eficaz gestión: Luis Miguel González Gago.
Ahora cuando sale a la palestra la elaboración de una nueva Ley del Juego, con intención de modificar la existente, la Junta tiene la intención de convocar a los ayuntamientos para que expliquen sus posturas sobre casas de apuestas, salones y demás. Me asalta una primera duda: ¿ No posee el gobierno y los departamentos que se ocupan de sus normativas y controles una radiografía lo suficientemente amplia que necesita del concurso y la opinión de los municipios ? Y una segunda duda: ¿ Con semejante iniciativa no se está haciendo una invitación explícita a que a partir de ahora los ayuntamientos tomen arte y parte en unos asuntos que no les competen ?
Ultimamente es notoria la pretensión de algunos ayuntamientos de distintos territorios por interferir e incluso marcar pautas en asuntos relativos al juego. Y el colofón lo vemos en Castilla y León donde se quiere abrir la puerta para que los municipios se pronuncien y metan la cuchara en un guiso en el que pensamos sobran. El juego no está precisamente en un momento idóneo para que las administraciones autonómica y municipal rivalicen llegado el momento de comprobar cual de las dos desbarra más a la hora de regular el juego. Se trata de ordenar, no de marear.
