Da la impresión de que se ha iniciado entre algunas comunidades autónomas una especie de pugilato, del yo más, para ver cual es la que con mayor dureza se emplea al legislar las normas del juego. Hay en marcha una corriente mimética que está propagándose con suma rapidez de unos territorios a otros y que tiene como finalidad aumentar las restricciones en el funcionamiento de los establecimientos de juego.
Estas acciones parten de unos prejuicios ideológicos que se plasman en las decisiones políticas cuyo objetivo es cerrar un poco más el dogal de la asfixia económica, en reconvertir leyes y reglamentos donde los controles se extreman al máximo de manera desproporcionada hasta el punto de amenazar la viabilidad de los negocios.
Aragón y Castilla La Mancha son dos muestras esclarecedoras de como se están tratando los asuntos del juego. En la primera comunidad citada una modificación de la Ley de Juego ha puesto en jaque a los salones, a los que les plantean una serie de exigencias que los empresarios califican de innecesarias e inasumibles al tiempo que ponen en situación de riesgo a muchas salas y amenazan la continuidad de sus empleos.
En Castilla La Mancha, territorio que marcó en su momento una senda de evolución para el juego, se ha dado marcha atrás aprobando una Ley para endurecer en términos generales los requisitos que regulan la actividad.
Aquí quedan dos testimonios de por donde van los tiros de las administraciones autonómicas. Ni éste es el camino, ni son comportamientos objetivos los que se están dando, ni es aceptable una actuación política en la que prima la ideología y no existe la menor ecuanimidad. Mal, muy mal podemos andar con éstas políticas del prohibir por prohibir.
