Considero acertada la medida de la Generalitat Valenciana de destinar una partida económica de sus presupuestos, que asciende a 700.000 euros, para combatir el juego ilegal mediante diversos medios, intensificando las acciones de inspección y control con el objetivo de erradicar estas prácticas fraudulentas que ocasionan un tremendo daño al sector.
Las Administraciones, incluida la valenciana, se muestran cada vez más exigentes en materia de transparencia y responsabilidad con la industria del juego. Que viene demostrando, con la fuerza de los hechos, su absoluta predisposición para contribuir a que la actividad se desarrolle en un marco público donde se garantiza la mayor seguridad.
Contrasta éste panorama, sometido a unas rígidas normas de control, con la laxitud que en ocasiones rodea a las acciones promovidas por los ilegales. Que se desenvuelven con extremo descaro organizando timbas, haciéndole la competencia al bingo y hasta montando casinos de carácter pirata. Y que cuando son descubiertos no suelen recibir ni la pena ni la sanción derivada de la gravedad de su tropelía.
Que existen focos de juego ilegal en la Comunidad Valenciana es un hecho. Y que no se erradican en la proporción que sería deseable es otro. La falta de los necesarios efectivos policiales dedicados a estas funciones preventivas facilita el funcionamiento de éstas mafias. De ahí que contar con un personal a tiempo completo para llevar a cabo éste tipo de acciones disuasorias como pretende el gobierno autonómico pueda resultar efectivo y depare buenos resultados.
La realidad es que el juego pirata infringe un gran daño reputacional al que se ajusta a las rigurosas normativas vigentes, al que cumple con sus elevadas tasas, al que se esfuerza por dotar a sus establecimientos de los dispositivos precisos para evitar cualquier anomalía. Por ello se impone poner manos a la obra para acabar con los que protagonizan unas prácticas clandestinas merecedoras de castigos ejemplarizantes en lo económico y lo penal. No hay otro camino.
