Cuando el juego está siendo durísimamente golpeado por la pandemia con cierres prolongados y restricciones de todo tipo que se saldarán a corto y medio plazo con el naufragio de muchas empresas algunas administraciones parecen alejadas de la realidad. O no se percatan del trance que atraviesa el sector, con todos los elementos en su contra, o les importa un bledo y no se detienen a evaluar los efectos que han dejado más maltrecha su economía.
Decimos esto porque no acaba de entenderse la actitud de determinadas autonomías respecto al juego en unos momentos en que se solicitan ayudas, demoras y una predisposición administrativa acorde con la gravedad de la situación. Y resulta que en vez de producirse ésta reacción en positivo se hace en sentido contrario. Anunciándose medidas más lesivas todavía para el normal funcionamiento de los negocios o proyectos de ley que, en caso de materializarse, provocarán consecuencias devastadoras.
Es el caso de Madrid donde se anuncia la elaboración de una Ley del Juego que supondrá el cese de la actividad de aquéllos locales de juego que se encuentran cerca de centros de enseñanza. Esta posibilidad, que se convertiría en el tiro de gracia para un sector tremendamente maltratado, ha disparado todas las alarmas y movilizado a los trabajadores de la Comunidad, que suman 9.000 empleos directos, y que ven en peligro de extinción muchos de ésos puestos de trabajo.
El consejero Enrique López debe recapitular sobre éste asunto. No puede en modo alguno dejarse arrastrar por las intoxicaciones de la izquierda radical, léase los podemitas, que han hecho del juego su operación de acoso y derribo. No se puede jugar, a la ligera y sin fundamentos sólidos, con la marcha de las empresas y el mantenimiento de los empleos. O hay cordura o se condena al sector al desastre. Hay que saber discernir con ecuanimidad.
