Todos compartimos la preocupación que invade al juego valenciano ante la futura Ley del Juego. Un proyecto que de no depurarse en aspectos básicos para el sector puede acarrear gravísimos perjuicios en materia empresarial y laboral. En ésta Comunidad, como está aconteciendo en la mayoría de los territorios, se está analizando y juzgando al juego desde ópticas manifiestamente maniqueas que conducen a una visión muy negativa de la actividad y la consiguiente adaptación de medidas preventivas para paliar sus efectos indeseados.
El tema, por sus implicaciones socioeconómicas, demanda abordarse con unos criterios de objetividad que en más ocasiones de las debidas no se dan cuando del juego se trata. Existe una clara magnificación de los problemas derivados del juego. Que se impone analizar y corregir. Y en ése sentido el sector es el primer predispuesto para poner coto a cualquier tipo de irregularidad. Pero lo que no puede ni debe hacerse es legislar bajo presiones fruto del oportunismo o la demagogia. En asuntos donde se ventilan conclusiones tan determinantes para el conjunto de una serie de empresas y sus empleados hay que medir mucho los pasos que se den. Conviene actuar con cordura y sin dejarse influenciar lo más mínimo por las teorías alarmistas que en modo alguno se corresponden con la realidad de los hechos. Legislar preservando al máximo los derechos de los usuarios por descontado que sí. Pero llevar al límite y sin consistencia real para hacerlo las medidas restrictivas supone, sencillamente, el estrangulamiento de un sector. Y antes de llegar ahí se impone la cordura.
