De no mediar una convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana, posibilidad que se ha barajado pero que parece poco probable, marzo contempla un calendario donde se valorarán las enmiendas presentadas a la Ley de Juego y con posterioridad está previsto que se proceda a la votación en el pleno de las Cortes de dicho proyecto de Ley.
A nadie se le escapa que ésta norma entraña una extraordinaria importancia para el sector del juego en la Comunidad Valenciana. Una importancia que mantiene en estado de máxima alerta a asociaciones y empresarios. Por lo mucho que está en juego en caso de prosperar algunas de las enmiendas planteadas, consideradas letales para la futura viabilidad de empresas y negocios y la consiguiente repercusión en el empleo.
Habría que recabar del gobierno que preside Ximo Puig, que elaboró en su día el proyecto y que cuando se abrió el período de las enmiendas se autoenmendó así mismo, y a los diferentes partidos políticos involucrados en el tema, que no se dejen influenciar por las intoxicaciones y los prejuicios a la hora de sancionar una Ley que demanda, por encima de cualquier otra consideración, sensatez, rigor y predisposición por analizar el asunto con tanta amplitud como sentido de la objetividad.
La Ley del Juego Valenciana reclama ser debatida y sancionada al margen de apriorismos demagógicos. Adoptando las medidas perfeccionistas que se consideran necesarias pero con tacto, realismo y sin desmesuras. E invalidando propuestas absolutamente descabelladas dictadas por el oportunismo político más deleznable. Hasta que llegue la hora de las decisiones el papel de CEJUEGO ante sus distintos interlocutores políticos puede ser determinante
