La extrema izquierda y sus colectivos afines en franco hermanamiento con sus terminales mediáticas—y perdón por lo de franco—están desarrollando una estrategia de acoso y derribo contra salones y casas de apuestas. La mecha se ha prendido en Madrid y por efecto contagio se está extendiendo a otros territorios. Incluso ha llegado hasta la quimérica y desnortada República de Cataluña—que todavía no lo es pero lo parece—que viene anunciando medidas endurecedoras respecto al acceso a los salones.
Aquí está claro que las administraciones, sean del color político que sean, son extremadamente influenciables ante la presión mediática. Quiero decir que se acojonan ante la propagación del presunto escándalo social que trasciende a la opinión pública. Aunque esté apoyado en la insidia y carezca de rigor. Aunque responda en el fondo a planteamientos falaces y demagogia barata. El escándalo hace mucho ruido y vende, cala en el ciudadano de a pié.
Y por tanto conviene alertar sobre los objetivos de ésas campañas adobadas de descalificaciones contra los salones que tienen una diana muy precisa: influir en las entidades públicas para que endurezcan sus normativas contra salones y casas de apuestas. Para diezmarlos y ensuciar su imagen. Para poner palos en las ruedas de sus negocios. Y los muy malandrines están ganando etapas. Y de algún modo, digo yo, habrá que contraatacar. O dejar que baje la marea y escampe, como diría Rajoy, hoy registrador de la propiedad.
