En Gran Canaria se desmanteló un bingo que funcionaba a diario con total descaro y la mayor tranquilidad. También por Andalucía ha caído uno de tantos que plantan cara al reglamento y se ciscan en él. Y aunque los cuerpos policiales actúen, quizás no tanto como sería de desear, los bingos piratas continúan campando a sus anchas y ejerciendo una competencia manifiestamente fraudulenta a un subsector que está más que tocado.
La guinda la ponen en tierras catalanas los socialistas de Tarragona que pretenden convertir los hogares de jubilados en timbas bingueras en las que se juega a la cosa con dinerito contante y sonante. Un poco más abajo, en predios valencianos, éstos chiringuitos se toleran con inversiones de céntimos de euro, si bien las normas suelen saltarse a la torera.
El bingo es desde hace un puñado de años el perro flaco de los distintos subsectores, al que si por algo le faltaba le sobran las pulgas en forma de negocios clandestinos que, a pesar de las redadas, de las clausuras de locales y de las actuaciones policiales continúan funcionando con impunidad.
Transcurren los años y rebrotan cíclicamente las denuncias de los empresarios poniendo el dedo en la llaga que supura y hace daño al sector. Un sector, conviene no olvidarlo, de economía frágil y muy castigado o casi asfixiado por el dogal tributario.
Lo que escuece del tema de la ilegalidad binguera es que muchas veces se minimiza su repercusión, se toma como anécdota y no como problema, se asume como mal menor con el que hay que convivir. Todo menos actuar con idéntica contundencia como la empleada con el sector legal y cumplidor.
