El consorcio La Pepa, creado para conmemorar el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, ha sido objeto de críticas por el mal uso y la falta de control en su gestión. A pesar de haber estado inactivo desde 2013, el consorcio ha generado un gasto total de 10 millones de euros de dinero público a lo largo de doce años, siendo los últimos 456.000 euros desembolsados recientemente por el Ministerio de la Presidencia.
La situación se complica aún más con la existencia de una página web que, aunque sigue activa, ha sido abandonada y ahora promueve casinos online en lugar de difundir la historia del constitucionalismo español. A lo largo de su existencia, el consorcio ha sido señalado por múltiples irregularidades, incluyendo la falta de fiscalización en varios contratos y pagos, lo que ha llevado a un reguero de gastos mal gestionados.
Creado en 2007 bajo el liderazgo de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el consorcio estuvo compuesto por varios organismos, incluyendo la Junta de Andalucía y las administraciones locales. A pesar de que su disolución debería haberse completado en 2013, el consorcio continuó existiendo como un ente «fantasma» hasta su reciente liquidación. La falta de consecuencias para los responsables de estas irregularidades ha suscitado indignación, especialmente en un contexto de crisis económica que afectó gravemente a España.
