El Govern de la Generalitat de Catalunya elaboró un informe de impacto ambiental para avanzar en el Plan Director Urbanístico (PDU) que facilitaría la construcción del Hard Rock, un proyecto que ha suscitado controversia. Este informe, que fue redactado durante el mandato de Pere Aragonès pero nunca llegó a ser firmado ni publicado, estima que las compensaciones ambientales que debería pagar Hard Rock ascenderían a más de 60 millones de euros, una cifra considerablemente mayor a los 11,7 millones previstos inicialmente.
El informe ambiental es crucial, ya que es el último requisito pendiente para la aprobación del PDU en los terrenos del Consorcio Centro Recreativo y Turístico Vila-seca – Salou, y por ende, para el avance del proyecto de Hard Rock. Sin embargo, el actual gobierno ha anunciado que se elaborará un nuevo informe para desbloquear el proyecto, dado que el anterior quedó como un borrador.
La situación ha llevado a los grupos parlamentarios de la CUP, los Comuns y el PPC a solicitar la comparecencia de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, para que explique los detalles de estos informes. El informe del gobierno anterior destacó preocupaciones medioambientales significativas, como la fragmentación de hábitats y la falta de conectividad ecológica, sugiriendo que el plan urbanístico actual no cumple con las condiciones establecidas en 2016.
Entre otras preocupaciones, se mencionaron los obstáculos para el paso de animales anfibios y acuáticos, y se exigió la permeabilización de ciertas infraestructuras. Se advirtió que la fragmentación del espacio natural sería «elevada» debido a las vías de acceso y rotondas previstas en el proyecto. Además, el informe abogaba por una movilidad más sostenible, sugiriendo mejoras en el transporte público y limitaciones al uso del vehículo privado.
El informe también se ocupó del tema de la inundabilidad, cuestionando el dique propuesto en La Pineda por su impacto en un espacio protegido de la Red Naturaleza 2000. Las recomendaciones del informe incluyeron un aumento en las medidas compensatorias, elevando su costo hasta los 60 millones de euros.
Por su parte, la plataforma Aturem Hard Rock ha expresado su deseo de que el nuevo informe sea desfavorable o que imponga compensaciones elevadas. Su portavoz, Eloi Redon, ha afirmado que el gobierno parece intentar «retorcer la ley al máximo» para aprobar el proyecto, y han manifestado su intención de recurrir legalmente cualquier informe que consideren favorable, argumentando que podría ser un acto de «prevaricación». Redon también comentó que el informe filtrado les proporciona motivos para impugnar la licencia del casino.
