La situación del Casino flotante de Puerto Madero refleja una compleja disputa entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los propietarios del establecimiento, que ha estado marcada por cuestiones legales, económicas y políticas desde su concesión. En 2019, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intentó poner fin a la concesión del casino, que operaba con un contrato vencido y se mantenía a flote gracias a fallos judiciales que le permitían continuar sus operaciones. Este proceso incluyó un recurso presentado ante la Corte Suprema para desafiar una medida cautelar que había sido emitida a favor de la empresa dueña del casino.
El contexto legal ha sido complicado por el traspaso de competencias sobre el juego de la administración nacional a la Ciudad, lo que generó cambios en las reglas y aumentos en los cánones a pagar por el casino. Esto llevó a los propietarios a argumentar que dichos cambios habían deteriorado la viabilidad económica del negocio. Con el contrato de concesión vencido desde 2020, la situación se volvió aún más incierta, especialmente con la posibilidad de que el gobierno nacional interviniese para permitir que el casino continuara operando.
A medida que la disputa se reavivaba, se planteaban dos opciones según la Constitución porteña: el cierre del casino o su estatización. Sin embargo, la estatización no era una opción bien vista dentro de algunos sectores políticos. Mientras tanto, los trabajadores del casino estaban en alerta ante la posibilidad de despidos masivos, dado que la empresa ya había comenzado a notificar la desvinculación de parte de su personal.
El futuro del Casino flotante sigue siendo incierto, con la justicia todavía sin pronunciarse sobre la situación, y la continuidad de sus operaciones dependiendo de decisiones judiciales y políticas que podrían tener un impacto significativo en el empleo y la industria del juego en la ciudad.
