Me entero de que el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda Social ha nombrado consejeros para que trabajen, es un decir, en el Consejo de Políticas de Juego en nombre de la Administración del Estado. Este organismo lo forman los responsables autonómicos de la materia y los designados por el departamento ministerial que encabeza don Pablo Bustinduy un podemita en origen reciclado posteriormente para Sumar, lo que me pierdo es en la cuantía política de sumar, que más bien creo que resta.
Centrándonos en el asunto que nos ocupa lo del Consejo de Políticas de Juego es un invento más cuya finalidad no es otra que convocar dos o tres reuniones anuales como mucho, porque conviene no pasarse de trabajo, con la intención de hablar, saludarse, contarse cuatro cotilleos y no hacer absolutamente nada. Esto sirve para el juego y se extiende como mancha de aceite por otros consejos que ni aconsejan ni en realidad hacen nada positivo. Algo así como las comisiones de investigación que al finalizar sus largos procesos resulta que no llegan a ninguna conclusión clarificadora.
No cabe duda de que Consejos de éstas características respecto al juego, que por supuesto no son los primeros, tendrían su grado de operatividad si fueran tomados en serio. Cosa que no ocurre. Primero porque las 17 Comunidades más Ceuta y Melilla son muy celosas de sus competencias e incluso tratan de distanciarse en materia regulatoria y porque el gobierno central juega sus propias cartas con el online y del resto se lama andana.
Si hubiera voluntad de llevar a cabo una labor efectiva se intentaría por parte de todos restablecer desequilibrios llamativos en materia regulatoria entre unos territorios y otros y fijar un marco reglamentario lo más acorde en lo fundamental. Pero esto es pecar de optimista. Lo que se impone es la existencia de consejos cuyas conclusiones son como las bolitas de la gaseosa que, simplemente, chisporrotean. Y nada más.
