El 19 de diciembre, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación de México, lideró una reunión fundamental con representantes del sector de juegos y sorteos en la que se reafirmó el compromiso del Gobierno Federal de actuar bajo el principio de Cero Corrupción. A través de sus redes sociales, Rodríguez destacó que el encuentro fue transparente y facilitó un diálogo abierto, enfatizando que el gobierno de Claudia Sheinbaum está comprometido a trabajar con un estricto apego a la legalidad.
La reunión tuvo como objetivo evaluar el estado actual de la industria del juego y abordar los desafíos que enfrenta, incluyendo la falta de una regulación moderna y la competencia desleal del mercado ilegal. En la mesa de trabajo participaron la Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA), presidida por Miguel Ángel Ochoa, y la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos (APJSAC), liderada por Alfonso Pérez Lizaur. Ambas asociaciones coincidieron en que la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que data de 1946, ya no se ajusta a las necesidades actuales, considerando los avances tecnológicos y la expansión del mercado de apuestas digitales.
De acuerdo con datos del INEGI, el sector de juegos de azar y sorteos aportó 164 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2024, lo que representa un crecimiento del 17% en comparación con el trimestre anterior. Este sector también es responsable de más de 20 mil empleos directos y cerca de 180 mil indirectos, consolidándose como un componente clave de la economía nacional.
Sin embargo, el sector enfrenta múltiples desafíos. Se estima que el 60% de las apuestas en línea se realizan de forma informal, lo que impacta negativamente tanto a los operadores legales como a las finanzas públicas, que pierden ingresos fiscales significativos. Actualmente, solo 81 operadores cuentan con permisos oficiales, lo que coloca al mercado formal en desventaja frente a las plataformas ilegales.
Durante la reunión, se destacó la necesidad de fomentar el potencial económico y turístico del sector mediante una reforma integral. La implementación de proyectos que integren hoteles y casinos en destinos turísticos como Cancún, Los Cabos y Acapulco podría posicionar a México al nivel de destinos internacionales como Las Vegas.
Los líderes del sector insistieron en la urgencia de desarrollar una estructura regulatoria moderna que ofrezca certidumbre jurídica, combata las prácticas ilegales y permita el crecimiento de una industria que, con la legislación adecuada, tiene el potencial de convertirse en un referente económico y turístico a nivel global.
La Secretaría de Gobernación reiteró su disposición para mantener un diálogo abierto y su compromiso de colaborar con los actores del sector para alcanzar estos objetivos.
