El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, aseguró este miércoles que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 espera dotar del “adecuado rango normativo” en los “próximos meses” a los preceptos del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego anulados por el Tribunal Supremo, algo para lo que el departamento de Pablo Bustinduy está “trabajando intensamente”.
Así lo expresó Barragán durante su comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, en la que recordó que algunas de las previsiones de dicho real decreto, como las relativas a bonos de bienvenida o aparición de personas o personajes de relevancia o notoriedad pública, fueron anuladas por el Alto Tribunal al entender que “carecían del adecuado rango normativo”.
A este respecto, lamentó que dicha anulación ha supuesto que las casas de apuestas hayan “retomado” sus “agresivas políticas comerciales dirigidas a las personas más jóvenes y, por lo tanto, más vulnerables” a través del “restablecimiento” de los bonos de bienvenida o la “intensificación de su presencia en las redes sociales e Internet”.
Por estos motivos, llamó al “consenso” de todas las fuerzas parlamentarias para que, “con la mayor urgencia, se pueda aprobar y elevar a rango de ley la modificación de estos artículos”.
Por lo que se refiere al Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo, por el que se desarrollan entornos más seguros de juego, reivindicó que su aprobación “ha supuesto un auténtico cambio de paradigma en la protección de las personas jugadoras en general y de los colectivos más vulnerables en particular”, dado que “aporta herramientas de especial protección a aquellos grupos que tengan una mayor vulnerabilidad”, en especial jóvenes de 18 a 25 años y jugadores con un comportamiento de juego “intensivo”, de riesgo o autoexcluidos.
COMPORTAMIENTOS DE RIESGO
En este mismo ámbito, el ministerio desarrollará, en el plazo de dos años, un mecanismo de detección de comportamientos de riesgo que será utilizado por todos los operadores y que actualmente se encuentra “en fase de diseño” y permitirá al jugador obtener “una imagen muy fiel de cuáles son los problemas y cuáles son las posibles pérdidas que está registrando”.
En este contexto, con el fin de “proporcionar un espacio seguro, legal, regulado y controlado” en torno al juego, también hizo referencia a los esfuerzos de la administración por luchar contra prácticas como la suplantación de identidad, los fraudes en las apuestas deportivas o el blanqueo de capitales, teniendo como meta a lo largo de esta legislatura la de “abordar y culminar” los proyectos relacionados con la lucha contra el fraude en el juego y la consolidación del entorno de juego seguro.
Tras puntualizar que, “lejos de lo que venía anunciando el sector del juego, ni el número de jugadores, ni el beneficio en el neto de los operadores de juego, ni siquiera la inversión en publicidad, se han visto afectados por la publicación de los reales decretos”, subrayó que el gasto en publicidad de los operadores se ha incrementado en un 6,5% respecto al año anterior.
Con respecto al juego ilegal, indicó que el pasado ejercicio el ministerio bloqueó 240 webs ilegales o que sancionó a 90 operadores ilegales en los últimos cuatro años en el marco de un “incansable trabajo de perseguir páginas web” que, a su juicio, “logra que se mantengan contenidas las cifras de juego ilegal en nuestro país por debajo de manera constante del 4%”.
EL JUGADOR, EN EL CENTRO
Junto a ello, con la intención de “poner al jugador en el centro” de las políticas en este ámbito, avanzó la intención del gabinete de Pablo Bustinduy de poner en marcha un portal del jugador en el cual se podrán consultar las pérdidas, ganancias o depósitos de manera centralizada en relación a todos los operadores de juego y detectar posibles casos de suplantación de identidad.
En la misma línea, se refirió también a la regulación de los mecanismos aleatorios de recompensa, como las cajas botín de los videojuegos, que, a su entender, “tienen enormes similitudes con los juegos de azar” y que, por ello, pueden derivar en una “normalización de este tipo de productos” y conductas de posible riesgo, teniendo en cuenta, además, que el 23% de los menores de 15 a 17 años que juegan han gastado dinero en cajas botín jugando a videojuegos.
Entre los retos para esta legislatura, también citó la definitiva interconexión de los registros de autoexcluidos, que está prácticamente completa a falta de los registros de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cataluña.
