El Consejo Consultivo de Canarias ha reprochado al Gobierno regional la falta de justificación de su nuevo decreto ley, en este caso para rebajar la temporalidad del empleo público y proteger a la infancia de los juegos de azar y apuestas, en un dictamen firmado el pasado 28 de agosto. En esta legislatura, el Ejecutivo autonómico, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), ya ha proyectado 12 decretos leyes, sin embargo, solo ha sacado adelante cinco leyes, pese a que la primera figura legislativa debería ser excepcional y estar motivada.
En su informe, el órgano consultivo del Archipiélago realiza ocho observaciones sobre el contenido de la norma y dictamina, como era de esperar, que el Gobierno de las Islas es competente para regular las dos cuestiones tratadas en el texto. No obstante, no considera acreditada la extraordinaria y urgente necesidad que justifica la modificación mediante un decreto ley de la Ley 8/2010, de los juegos y apuestas de Canarias, porque el Ejecutivo ni siquiera ha explicado por qué ha querido reformar esa legislación sin trámite parlamentario ni consulta pública.
El decreto en cuestión, más allá de lo que respecta al empleo público, estipula por primera vez en Canarias que los salones de juegos y apuestas no pueden estar instalados en las inmediaciones de centros escolares para menores de entre seis y siete años. También establece una separación mínima de 200 metros en línea recta entre diferentes salones recreativos y de juegos; y de 75 metros si están ubicados en una misma planta de un centro comercial.
El objetivo del Ejecutivo autonómico es prevenir la concentración de los locales de juego en determinadas zonas para evitar su normalización ante los menores. El Consultivo reconoce que está justificado el cambio normativo de la Ley 8/2010 precisamente por eso, por “la necesidad de ofrecer una adecuada protección a lo menores en este ámbito”. Pero no figura, por el contrario, la motivación en este caso de la concurrencia del presupuesto que legitima la utilización del decreto ley.
“La utilización de los decretos leyes para regular materias que podrían ser reguladas mediante reglamento puede reducir garantías, en cuanto impide la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de la norma y, en su caso, la posibilidad de que los particulares o interesados puedan impugnarla en los tribunales ordinarios”, concluye el órgano. eldiario
