Las opciones de que el macrocasino del Hard Rock se construya en Vila-seca y Salou (Tarragona) cada vez son más vaporosas. Fue el motivo de que el pasado gobierno catalán saltara por los aires justamente porque el presidente Pere Aragonès se negaba a paralizar la tramitación administrativa y ahora, en cambio, va perdiendo números de que salga adelante. Incluso el PSC, que siempre ha defendido la infraestructura y la milmillonaria inversión, parece convencido de ello. Este lunes la portavoz y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha apuntado que es “más que posible” que el controvertido recinto no se vaya a construir en ausencia de “viabilidad económica”.
El cambio se explica por uno de los puntos que introdujeron ERC y Comunes para garantizar la investidura de Salvador Illa: la subida del 10% al 55% del tributo que grava el juego. “Cumpliremos los acuerdos al pie de la letra”, ha reiterado Paneque en una entrevista con SER Catalunya. Y ese cambio impositivo puede ser determinante. De hecho, cuando el proyecto del complejo dedicado en parte al juego aún se denominaba BCN World, en 2014 se cambió ese impuesto (impulsado por Convergència con el apoyo de los socialistas) a la inversa para hacer atractiva la inversión.
“Es más que posible que la viabilidad económica de este proyecto esté en duda”, ha señalado la consellera, que, pese a todo, ha subrayado que la tramitación administrativa pendiente —la aprobación del plan director urbanístico (PDU) que regirá el Centro Recreativo y Turístico de Salou— “se mantendrá” tal y como estaba prevista.
Ahora la cuestión son los tempos. Si ningún gobierno se atreve a paralizar la tramitación del PDU es porque temen que Hard Rock reaccione acudiendo a los tribunales y pidiendo una indemnización a la Generalitat. La situación es enrevesada. Porque Hard Rock tiene una licencia concedida por el Govern para explotar un casino en el recinto, pero a la vez nunca ha acabado de adquirir los terrenos sobre los que se levantaría, que son propiedad de una filial patrimonialista de Criteria Caixa, dependiente de La Caixa. El asunto es tan complicado que en el caso de que el Govern subiera los impuestos y el grupo estadounidense continuara con sus pretensiones, sería la Generalitat la que haría de intermediaria en la venta de los terrenos, que a día de hoy se valoran en unos 130 millones de euros.
El proyecto estaría más avanzado si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no hubiera tumbado la primera propuesta de PDU aprobada por el Govern. El motivo: el tribunal veía riesgo químico por la cercanía de una de las industrias presentes en esa zona, Ercros. Es por ese motivo que se tuvo que modificar el documento regulador, que aún está pendiente de trabajos internos. elpais
