Decía el otro día Inmaculada Domínguez, con la claridad que suele acompañar a sus palabras, que «debemos conocer la realidad del juego y su impacto social de forma objetiva y no sesgada.»
Sabia recomendación la suya. Pero resulta, y conste que no lo digo por ella y por su gestión en el cargo que hasta ahora me parece impecable, que han sido y son numerosas las ocasiones en que las administraciones han actuado respecto al juego contemplándolo de manera sesgada y no ateniéndose a la realidad de unos hechos objetivos.
Por descontado que lo correcto sería que llegado el momento de regular y de adoptar decisiones trascendentes en materia de juego los gobiernos actuasen en base a un análisis riguroso y objetivo de los asuntos a resolver. Sin embargo suele suceder que son demasiadas las veces que en cuanto se trata de decidir sobre el juego surgen los prejuicios, los tabúes, los anatemas sociales que siguen pesando como una losa sobre la actividad y frenan cualquier posibilidad de avance.
Los empresarios del juego, a través de iniciativas ambiciosas y muy bien elaboradas, están intentando trasladar a la sociedad la imagen real de unos negocios que están elevando al máximo su sentido de la responsabilidad, su compromiso con mecanismos de control, su espíritu de colaboración para prevenir y combatir las adicciones. Esta firme voluntad de cultivar una parcela de entretenimiento en espacios seguros y atendidos por personal capacitado para afrontar cualquier incidencia choca, más de lo debido, con cerrazones políticas. Empeñadas en focalizar los temas del juego desde perspectivas en los que siguen imperando los clichés excluyentes. Y mientras éstas posturas persistan será complicado que el juego goce de la normalidad requerida. Por muchos observatorios que se creen.
