El Cabildo de Tenerife retomará durante este mandato (2023-2027) la venta de las tres instalaciones que forman Casinos de Tenerife, las ubicadas en Santa Cruz (Hotel Mencey), Puerto de la Cruz (Taoro) y Adeje (Playa de las Américas). La intención del gobierno de CC y PP es la enajenación conjunta de las tres, tras varios intentos fallidos desde 2014, el último en 2018 cuando se las valoró en 25 millones de euros.
Uno de los motivos principales para enajenar los tres complejos de juego es el objetivo global de la racionalización del sector publico. Fuentes del Cabildo señalan que «no suponen un servicio publico fundamental e imprescindible» al margen de la rentabilidad de unas instalaciones en la que desarrollan su tarea diaria 150 trabajadores. La iniciativa no tiene un horizonte temporal definido salvo 2027, último año de mandato.
La idea de vender los tres complejos de juego de titularidad pública ya la confirmó la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, al presentar el pasado 3 de noviembre el proyecto presupuestario de este año que superará por vez primera los 1.000 millones de euros. La decisión de privatizarlos prevé afrontarla «sin desprestigiar a sociedades que son referente», explicó Dávila como acusa que se hizo en el mandato anterior (2019-2023) del socialista Pedro Martín.
Instalaciones del Casino de Santa Cruz de Tenerife.
Una década
Hace diez años, en 2014, con el nacionalista Carlos Alonso como presidente del Cabildo (2013-2019) ya se intentó sin éxito vender el Casino de Playa de Las Américas y los otros dos, aunque por separado. En 2016 se trató de hacer más atractiva la licitación ofreciéndolos en un solo lote. Así, en noviembre de 2018 se sacó a concurso la venta conjunta por 24,9 millones de euros. Los licitadores debían presentar un proyecto de inversión turística a realizarse en uno de los tres municipios en los que se ubican los casinos con una inversión mínima de 4,5 millones de euros.
Se publicitaba el producto con base a la ubicación en municipios de gran impacto turístico de Tenerife, que recibe al año seis millones y medio de visitantes. Además, destacaban sus infraestructuras y ventajas fiscales como la Zona Especial Canaria (ZEC), la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) o la Zona Franca. No debieron ser suficientes esos atractivos porque solo hubo una oferta concreta, aunque en principio cuatro entidades mostraron interés. Eran los inicios del pasado mandato, con el PSOE en el gobierno insular y en medio del anuncio de reestructuración de empresas públicas.
En septiembre de 2019 se conoció que el concurso de venta de Casinos de Tenerife quedaba desierto pues esa compañía interesada no pudo afrontar las condiciones del pliego de la adjudicación. Para alegría de Sí Podemos Canarias que apoyaba desde fuera al gobierno de PSOE y Ciudadanos. De regreso al Gobierno insular, CC volverá a intentar la venta de estas tres salas de juego. Pero antes habrá que resolver de manera definitiva el proceso abierto en el anterior mandato para clarificar supuestas irregularidades en la gestión de los tres casinos públicos de la Isla.
Ámbito judicial
La Fiscalía Provincial interpuso en 2019 una denuncia para citar en calidad de investigado al gerente de Casinos de Tenerife, Hermenegildo Hernández, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a consecuencia de una serie de hipotéticas irregularidades en las auditorías de 2012, 2013 y 2014.
Hace apenas unos días se conoció que el juez archivaba el caso por malversación contra el exgerente al descartarla en el despido de ocho trabajadores. La reciente sentencia asegura, incluso, que Hernández «permitió ahorrar dinero» al Cabildo» con las bajas incentivadas.
Valoración
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, no quiso entrar a valorar el futuro de los tres casinos públicos pero respecto a la última sentencia subrayó que «siempre es buena noticia que se haya resuelto en sede judicial que los hechos investigados no sean constitutivos de ilícito penal; en este caso, que no se haya producido perjuicio patrimonial alguno para las sociedades que gestionan los casinos».
Añadió que «al contrario, se confirma que la gestión objeto de denuncia generó un beneficio para las entidades en contexto de crisis económica que comprometía su viabilidad». Indicó, además, que «desde que tuvimos conocimiento del informe emitido por el Ministerio Fiscal confiábamos en que la petición de archivo fuera ratificada por el juez instructor, como finalmente se ha materializado en el auto dictado en los últimos días». Concluyó el líder del PP en el Cabildo: «Debe ser motivo de tranquilidad y satisfacción para los actuales miembros de los consejos de administración, para los trabajadores de las sociedades y, especialmente, para quien ha sufrido personalmente las consecuencias del proceso judicial». eldia
