El despido de ocho trabajadores de los tres casinos de Tenerife entre 2019 y 2020 se ajustó a la legalidad como respuesta a la crisis económica que sufrían estas salas dependientes del Cabildo. Es la conclusión de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que se une a la petición del único investigado –el gerente, Hermenegildo Hernández– de archivar la causa.
El fiscal Fernando García no solo descarta los indicios de delito. Va más allá y defiende que en estas bajas incentivadas no se provocó un perjuicio al patrimonio público, «sino un beneficio».
En un escrito remitido al juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife el pasado día 1 y que trascendió este martes, el fiscal pide el sobreseimiento de una investigación abierta por una denuncia del PSOE de Tenerife cuando comandó el Gobierno del Cabildo el pasado mandato (2019-2023).
Pocos meses antes de las elecciones locales de mayo de 2023, tras las que CC y PP tomaron el relevo al frente de la Corporación insular, el equipo de gobierno liderado entonces por el socialista Pedro Martín envió a la Fiscalía un informe en el que exponía unas presuntas irregularidades.
Estas se centraban en la concesión de las llamadas «bajas incentivadas» realizadas en las sociedades de los casinos Playa de Las Américas (Adeje), Taoro (Puerto de la Cruz) y Santa Cruz desde 2012 a 2019, cuando Coalición Canaria estaba en el Gobierno insular.
En concreto, la documentación y los anexos elevados al ministerio público se refieren a las bajas incentivadas que, según la denuncia, «podrían calificarse como despidos disciplinarios falsos y administración desleal» que conllevaron el pago de 1.579.945 euros en concepto de indemnizaciones.
Según este informe, algunos trabajadores «llegaron a cobrar una indemnización superior a su salario anual, excediendo la indemnización por despido objetivo» a través del procedimiento de conciliación y «sin que existiera ni siquiera una resolución judicial que obligara a ello».
El fiscal Fernando García considera ahora que al menos ocho de esos despidos se justifican pues los tres casinos atravesaban por una crisis económica y el volumen de las nóminas del personal «superaba en muy alta medida la media nacional de entidades semejantes». García entiende que la decisión del gerente de reducir la masa salarial de la plantilla es coherente con la mala situación de las sociedades, que tilda de «crítica».
También avala la decisión de Hermenegildo Hernández de llegar a un acuerdo con los trabajadores a los que se rescindió el contrato en los procesos de conciliación celebrados en el Servicio de Mediación (Semac) pues se sabía que era muy improbable que los despidos por bajo rendimiento prosperasen en el caso de llegar a juicio.
El importe total de las indemnizaciones fue de 292.888 euros, cuando el máximo legal era de 888.717. De ahí que el fiscal concluya que de lo investigado «no solo se deduce que no se ha causado perjuicio» a las arcas públicas, «sino un beneficio». Con esta conclusión, el ministerio público descarta el delito del que se acusa al gerente de los casinos de malversación de caudales públicos, pues queda acreditado que los despidos no han causado un daño al patrimonio público.
«De las declaraciones del investigado [el gerente] y de testigos quedó claro que el investigado actuó en todo momento guiado por la intención de conseguir una ventaja patrimonial para los casinos, mediante la reducción del montante total de los salarios», concluye la Fiscalía.
Ahora el juez tendrá que decidir, en base al escrito del ministerio público, el gerente y las actuaciones practicadas, si como piden estas dos partes se archiva la causa o por el contrario se abre el juicio. eldia
