El Govern ha defendido este jueves la necesidad de implicar a los operadores privados y empresas de juegos y apuestas en la lucha contra la ludopatía porque el sector es el principal interesado en evitar que «ciertos colectivos» no acudan a las salas y porque es la forma adecuada de evitar que crezcan las actividades ilegales.
Lo ha explicado el director general de Empresa, Autónomos y Comercio, José Antonio Caldés, que ha comparecido este jueves en la Comisión de Economía del Parlament para exponer las líneas previstas de actuación del Ejecutivo en materia de juegos y apuestas.
«Entendemos que la clave es que el sector privado promueva pautas de juego responsable y seguro y prestando atención a colectivos vulnerables y especialmente a los jóvenes», ha argumentado.
El director general, que ha pedido que no se demonice al sector, ha señalado que la reforma de la ley del juego aprobada hace justo un año se está desplegando, aunque con cierto retraso en algunas cuestiones como la informatización, aspecto que afecta, entre otras cuestiones, a los llamados registros de autoprohibidos. Sobre este extremo, ha señalado que se está trabajando en una integración estatal de estos registros.
Caldés, en todo caso, ha advertido de la dificultad de abordar el juego online, con competencias estatales, y sobre cuya gravedad y prevalencia ha alertado. Sobre esto ha adelantado que se impulsarán campañas de sensibilización en los centros educativos, entre otras medidas.
El representante del Ejecutivo autonómico ha vaticinado que la ley conseguirá que se reduzca el número de licencias, después de que el diputado de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, haya recordado que a día de hoy hay unas 140 salas de juego, salones de apuestas o bingos, cuando la norma aprobada en 2023 fijaba el límite en 90. Rosa ha expresado sus dudas en que el sector privado esté interesado en fomentar el consumo responsable.
José Antonio Caldés ha detallado que las políticas en materia de juego y apuestas a lo largo de la legislatura perseguirán que una actividad legal –ha insistido en este aspecto en varias ocasiones– cumpla la norma; la difusión en colaboración con el sector de pautas de consumo saludable de una actividad con riesgos evidentes; y en la voluntad de minimizar los daños en personas especialmente vulnerables y con especial a los jóvenes.
Por parte del PSIB, Marco Antonio Guerrero, ha lamentado la falta de concreción de las medidas expuestas por Caldés y ha recordado que la ley es una apuesta por la contención y la reducción de la actividad. Sin embargo, ha alertado de que solo en el barrio palmesano de Son Gotleu hay 22 salones de juego y salas de apuestas.
El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha puesto el acento en el, a su juicio, prohibicionismo de la ley y, en concreto, en las distancias mínimas entre salas y respecto a los centros educativos. «A la izquierda le gusta prohibir más que a un tonto un lápiz. Hay que incidir en que los menores no entren, no tanto en las distancias. Por esa regla de tres, no debería haber bares ni tiendas de chuches cerca de los colegios», ha indicado.
La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha recordado que la ley actual recogía la petición de la sociedad civil y ha defendido que la regulación es positiva en el camino hacia una sociedad libre de ludopatía. Por parte del PP, Jordi López, ha compartido la preocupación por el juego online expuesta por el director general.
