CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) muestra su creciente preocupación por la redacción del proyecto de ley para la modificación de la Ley de Juego de Castilla y León, la cual se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario.
Según CERMI dicha ley viene a regular aspectos técnicos de los operadores de juego, no haciendo distinción alguna entre el juego público social, seguro y responsable comercializado por la ONCE, del juego desarrollado por otros operadores privados tales como casas de apuestas, casinos, máquinas, etc. «Esta circunstancia -además de contravenir la Ley estatal de Juego, arrogándose en este caso el gobierno regional de la Junta de Castilla y León una competencia que no le es propia, ya que la ONCE y la Lotería Nacional solamente pueden ser regulados por el estado- viene a provocar una situación de absurda comparación entre el terminal punto de venta que utilizan en exclusiva los vendedores de la ONCE como asistente para ejercer su actividad, con una máquina, quedando clara la gran diferencia que hay entre ambos conceptos».
De aprobarse en estos términos el borrador actual, según CERMI esto generaría una clara indefensión de la ONCE al tener esta que pedir cada día y a cada paso un título habilitante a la Junta de Castilla y León para poder poner en marcha un punto de venta y por ende peligraría la contratación de una persona con discapacidad para ejercer la venta, sin contar la intromisión de una administración en este caso regional en el desarrollo de la actividad comercial de una entidad social como la ONCE.
«Todo ello, visto con la adecuada perspectiva llevaría a comprometer el desarrollo comercial de esta organización, a poner en riesgo la principal fuente de creación de empleo de personas con discapacidad de este país y de la región, y a minar los proyectos sociales del sector de la discapacidad en su conjunto», destacan.
Por todo ello, el CERMI de Castilla y León reclama de manera clara y contundente que se atiendan sus peticiones en esta materia, ya que de lo contrario se estará minando el futuro de las personas con discapacidad de la región, y la buena fama de las “políticas sociales” de este gobierno regional.
