Para “evitar nuevos cuestionamientos que en el futuro pudiesen perturbar el desarrollo pacífico de las actuaciones en el marco de sus acciones lícitas como plataforma de apuestas en línea (PAL)”, Latamwin solicitó ante el 16° Juzgado Civil de Santiago -mediante una demanda de mera certeza- con el fin que se confirme que su operación se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico y otros nueve puntos que han sido objeto de debate en los últimos años.
Entre sus requerimientos están que se ratifique que “la ausencia de regulación legal de una determinada actividad económica nueva, de naturaleza tecnológica, vinculada a las PAL, no implica su prohibición”; que no se requiere de autorización legal previa alguna para operar hoy; que no existe prohibición legal o normativa de ningún tipo relacionada con la publicidad, promoción o impulso relacionado con el desarrollo de apuestas en línea; y que los contratos entre usuarios y estas plataformas son lícitos.
José Francisco García, abogado de Gómez, Pallavicini & Garcia, que representa a Latamwin explicó que “esta acción busca reafirmar en sede judicial que las plataformas de apuestas en línea se apegan estrictamente al ordenamiento jurídico y que, por el contrario, las actuaciones de la Superintendencia de Casinos y la Subtel exceden el marco de sus atribuciones”.
Esto, a raíz de la “coordinación” entre la Superintendencia de Casinos de Juego y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que derivó en el bloqueo de 23 sitios web de plataformas por parte de todos los proveedores de internet locales. La demanda pide que se valide que “la Superintendencia de Casinos de Juego carece de competencias para regular, controlar y fiscalizar el desarrollo de plataformas de apuesta en línea, según lo ha señalado públicamente el propio organismo público demandado”; y que la “Subsecretaría de Telecomunicaciones, según sus propios dichos, se encuentra limitada en sus competencias a conocer y resolver acerca de las materias de carácter técnico relativas a las telecomunicaciones del país, careciendo de facultades para pronunciarse sobre el contenido de las telecomunicaciones, por lo que calificar el carácter legal o ilegal de un contenido excede las funciones establecidas en la Ley”.
En la demanda se acompaña un informe en derecho del destacado profesor de derecho civil, Carlos Pizarro, que desarrolla y confirma la licitud de las actividades de las plataformas en línea.
El asesor legal de la agrupación de plataformas en línea -que integra Latamwin- Carlos Baeza, destacó que “esta acción busca confirmar que el ordenamiento legal efectivamente no establece impedimento alguno hoy al operar a las plataformas de apuesta en línea, lo que permitirá erradicar mitos y falsas verdades que se han establecido a través de equivocadas opiniones y actuaciones de autoridades del país que, excedidas en sus atribuciones, han afectado gravemente una actividad económica lícita y en vías de regulación”.
La demanda deja constancia de la reserva de acciones legales penales porque los antecedentes descritos pudieran eventualmente constituir la comisión del delito de prevaricación administrativa, ya que las autoridades en el ejercicio de su cargo, dictaron providencias o resoluciones manifiestamente injustas dirigidas a diversas instituciones estatales y privadas, con la finalidad de objetar la actuación de diversas compañías operadoras de apuestas en línea, con grave infracción a sus competencias y potestades legales.
