Uno no deja de sentirse un tanto alucinado ante determinadas noticias. Me entero de que el Consell de la Comunidad Valenciana y le Federación Valenciana de Municipios y Provincias han suscrito un acuerdo de colaboración para que los ayuntamientos y sus policías locales puedan ejercer, si lo desean, actividades de inspección y vigilancia en materia de juego, controlar el no acceso de menores a los locales de juego, comprobar que se cumplen los límites de la publicidad y las distancias respecto a centros de enseñanza y posibilidad de abrir expedientes sancionadores.
Una información de ésta naturaleza, que me deja un tanto turulato, da pie para pensar que existe un problema gordísimo con los locales de juego. Que aquello es poco menos que la ley de la selva en la que se impone la entrada en servicio de nuevos efectivos policiales. Que las infracciones se multiplican y la sanciones deben endurecerse y que los actuales servicios de inspección son manifiestamente insuficientes.
En la iniciativa veo un pequeño inconveniente. La mayoría de ciudades se quejan de un problema de inseguridad y echan de menos una mayor presencia de policía local en barrios y zonas peligrosas. El asunto supongo que se agudizará si ahora dedicamos ésos agentes a la vigilancia del juego que, al parecer, es el principal foco de peligro para la ciudadanía. Más policías, que es la guerra urbana al juego. Desde luego esta comprobado que la izquierda, la más radical y la más suave, tiene una ojeriza de padre y muy señor mío al juego privado. De otra manera no se entiende una imbecilidad tan disparatada como la de poner a los policías locales a fiscalizar los establecimientos de juego. Nunca dejan de sorprendernos, ni de irritarnos tampoco. Vaya sarampión que les aflora con el temita del juego.
