En Aragón han saltado todas las alarmas al conocerse lo último sobre el proyecto de modificación de la vigente Ley del Juego. La Asociación de Empresarios de Salones (AESA), que preside José Antonio Rubio, compareció junto a su vicepresidente ante los medios de comunicación para denunciar las incongruencias de un texto que, de aprobarse en los términos presentados, representaría un paso atrás de resultados catastróficos para el sector y un daño irreparable en cuanto a pérdida de empleo.
La tremenda gravedad que entraña el texto en cuestión viene provocada por el desconocimiento que sobre el sector ponen de manifiesto sus redactores. Un hecho que, desgraciadamente, se viene repitiendo en otros territorios y que evidencia que la ideología se impone en éste caso al análisis objetivo de su realidad empresarial que queda subordinada a la arbitrariedad política.
No es cuestión en éste artículo de entrar a fondo en la disección del proyecto. Pero prohibir los pagos con tarjeta de crédito, cuando es una opción permitida, resulta tan incongruente como escasamente defendible, máxime gozando de la más absoluta viabilidad para el juego público y online. ¿Que razones de peso existen para que pueda darse ésta contradicción de antes sí y ahora no? Pensamos que ninguna que justifique la medida.
Luego están las comprobaciones previas para saber si una persona puede o no jugar en una máquina o la monitorización en tiempo real por parte de la Administración de las máquinas de los salones, que son dislates que se consideran inasumibles por las empresas. En definitiva lo que se desprende de medidas de ésta naturaleza es la elaboración de un proyecto de espaldas al sector que se ve afectado por el mismo. Aquí hay ignorancia política, incompetencia, ideología por encima de todo y ganas no disimuladas de cargarse una industria tan respetable como cualquier otra.
