Dice Peio de Frutos, secretario general de la Asociación de Casinos de Euskadi (ASE) que el sector allí está muy tocado al tiempo que denuncia la persecución y demonización de que es objeto. Asegura que esto se traduce en que sean varios los establecimientos que están en la cuerda floja en cuanto a su viabilidad. Y para rematar subraya el esfuerzo que en materia de inversión han debido realizar para la instalación de los sofisticados controles de acceso a sus locales que han supuesto un desembolso de cuatro millones de euros.
Por la cantidad citada imagino que las medidas exigidas para entrar en un salón del País Vasco deben ser similares a las empleadas en la Casa Blanca o similares. O sea una revisión completa y exhaustiva del caballero o la señora que deciden personarse en uno de éstos locales previo escrutinio rigurosísimo de la cabeza a los piés de todas sus señas de identidad.
Este es un ejemplo más de hasta que grado de exageración y de desmesura están llegando las normativas que regulan el juego privado. Contrastan tamañas exigencias con la laxitud punitiva que se emplea con las prácticas ilegales del juego, que abundan y que son conocidas y localizadas en no pocos casos. Por no hablar de la manga ancha que se dispensa a todo lo relacionado con el juego público o semi con muchos lados oscuros por clarificar.
El juego está muy tocado en el País Vasco y no le andan a la zaga otras muchas comunidades, en las que el sector es objetivo fácil de unas administraciones que no cesan en competir para ver cuál de ellas pone más trabas o se muestra más borde llegado el momento de adoptar medidas. Que se distinguen de forma generalizada por resultar lesivas para los intereses empresariales. Quién no lo vea así ya sabe: a la óptica.
