El mensaje del Ejecutivo, presentado en la administración anterior y que cuenta con indicaciones del actual Gobierno, pretende generar un mercado competitivo de apuestas en línea. Además busca resguardar la fe pública, proteger la salud y la seguridad de los jugadores, aumentando la recaudación fiscal.
Igualmente, la norma busca transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas.
En dos sesiones se avanzó con las modificaciones a la ley que establece las bases para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego (Ley 19.995). En ese marco se aprobó la mayoría de las indicaciones del Ejecutivo, que fueron defendidas por la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner y la superintendenta de Casinos de Juegos, Vivien Villagrán.
Así, se establece que cualquier modalidad de apuestas en general y juegos de azar que se explote comercialmente, que no se encuentre autorizada ni regulada por la ley de casinos de juego u otras leyes, se considerará prohibida.
En el marco de los cambios a la ley de casinos se aprobó incluir en la norma la definición de beneficiarios finales. Se entenderá por beneficiarios finales a las personas naturales, chilenas o extranjeras, con o sin domicilio en Chile, que posean directa o indirectamente, a través de sociedades o u otras entidades con o sin personalidad jurídica, una participación igual o mayor al 10% del capital, aporte, derecho a utilidades, o tengan derecho a voto o veto, respecto de una sociedad solicitante u operadora. Leer noticia completa en diariojuridico
