José Antonio Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Salones de Aragón (AESA) analiza para nuestra publicación de forma exclusiva los aspectos más negativos de la nueva Ley del Juego y el impacto que va a tener en el sector de salones. Éste es su análisis:
La nueva Ley del Juego de Aragón aprobada por las Cortes de Aragón el pasado 23 de marzo es una normativa muy restrictiva, en línea con las que se están aprobando en el resto de las comunidades autónomas españolas.
Para nosotros, los puntos que no se deberían haber recogido en la ley son aquellos sobre los que hemos estado debatiendo insistentemente durante los últimos meses con los distintos grupos políticos. Se trata de los siguientes:
• Prohibición del uso de tarjeta de crédito para el intercambio de dinero en efectivo para juego.
• Conexión de todas las máquinas de los establecimientos de juego a un servidor para que la Administración tenga acceso telemático a número de jugadas y premios. El problema es la inversión que hay que acometer para llevarla a cabo y la nula información extra que proporciona, ya que este control y estos datos existen ya en la propia máquina.
• Desarrollo mediante una Orden del Departamento competente en materia de juego de las características técnicas de las máquinas en hostelería para el efectivo control del no acceso al juego de las personas autoprohibidas.
Digamos que estos son los puntos más conflictivos de la ley y los que más daño hacen al sector, cosa que no solo decimos nosotros, sino muchos otros colectivos empresariales relacionados y directa o indirectamente afectados.
El problema no es un punto en concreto, si no muchos aspectos negativos juntos. Uno solo de ellos no es dramático, pero la suma de todos hace que las inversiones se disparen. Pero, sobre todo, lo más importante es que estos cambios no protegen a nadie, puesto que a pesar de lo que pretendía la ley, el volumen de juego en la comunidad va a aumentar de manos de la SELAE y de la ONCE, que carecen de todo control por parte de la Administración, que centra sus ansias restrictivas sobre el juego presencial privado.
En estos momentos no planteamos llevar a cabo acciones o movimientos reivindicativos tras la reciente aprobación de esta ley. Han sido meses de mucho trabajo, de gran desgaste y todas las reivindicaciones están hechas, aunque ha habido grupos políticos que las han acogido y entendido y grupos que no. Ahora es tiempo de trabajar mano a mano con el Departamento competente para desarrollar la ley de la mejor manera posible y que entre todos consigamos una normativa ajustada al sentido común y al necesario equilibrio entre una actividad que es totalmente legal y aporta el 1% del PIB de Aragón y la protección a los colectivos más vulnerables, con la que hemos mostrado sobradamente nuestro compromiso.
